Los defensores públicos son el primer contacto que tienen los acusados y los ciudadanos en general en el mundo de la justicia, especialmente si tienen que enfrentar un juicio en el cual aspiran a probar su inocencia. No todos cuentan con los ingresos para pagar los honorarios de un abogado y ante eso, los defensores públicos están capacitados para actuar.
En la práctica, los defensores públicos son mal pagados y deben asumir un exceso de casos, a los que al final no tienen cabeza ni tiempo para dedicarse. Por ende, terminan perdiendo los juicios incluso en casos donde los acusados son inocentes, lo que genera una brecha de desigualdad en el acceso a la justicia.
¿Por qué pagar más?
Son muchos los países donde los defensores públicos, aparte de tomar múltiples casos, terminan trabajando en dos o tres empleos adicionales para poder costear sus gastos. Al pagar más y proporcionar una mejor formación y asistencia de casos, los funcionarios serán mejor valorados y los acusados podrán ejercer con mayor autonomía e igualdad de condiciones su derecho a la defensa. No tener dinero para pagar un abogado no puede ser una sentencia condenatoria.
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